Pemex pierde más de 56 millones de pesos diarios por robo de combustible, pese a reducción de tomas clandestinas

Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una baja del 28% en las tomas clandestinas durante los primeros dos meses del año, el robo de combustibles dejó pérdidas económicas superiores a los 3 mil 347 millones de pesos, lo que equivale a 56.7 millones de pesos diarios, según datos obtenidos vía transparencia por un medio nacional.

El monto representa un incremento del 13% respecto al mismo periodo de 2024, cuando las pérdidas ascendieron a 2 mil 953 millones de pesos, aun cuando las perforaciones ilegales bajaron de 2,258 a 1,627.

Pemex explicó que estas pérdidas son clasificadas como «no operativas», ya que se derivan de la extracción ilícita del producto fuera de los canales autorizados, tanto por usuarios como por transportistas. Tales pérdidas se suman al ya negativo balance financiero de la empresa, que acumuló una pérdida neta de más de 43 mil millones de pesos solo en el primer trimestre del año.

Especialistas apuntan que este contraste revela una operación criminal más eficiente, con tomas de mayor volumen y en puntos estratégicos, lo que permite a los delincuentes extraer más combustible en menos tiempo y con menor riesgo de ser detectados.

El fenómeno del huachicol, que en el sexenio anterior se afirmaba controlado con una supuesta reducción del 95% en el mercado ilícito, persiste y se ha sofisticado. La administración actual ha reconocido su reaparición y ha intensificado las acciones para enfrentarlo: aseguramiento de barcos tanque, detección de posibles refinerías clandestinas, incautación de unidades ferroviarias y camiones cisterna, y detención de personas vinculadas.

Pero el problema va más allá de Pemex. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) estima que uno de cada tres litros de combustible comercializados en el país tiene origen ilegal, infiltrándose incluso en estaciones de servicio formales y centros de autoabasto, lo que demuestra la profundidad del fenómeno en la economía nacional.

El robo de combustible sigue siendo una actividad criminal de alto impacto, que merma los recursos públicos, fortalece al crimen organizado y debilita la soberanía energética del país. Para el Estado mexicano, el reto no solo radica en detener la extracción ilegal, sino también en romper las redes de distribución y comercialización encubiertas, que permiten que el producto robado circule como si fuera legal.