Hallazgo de fosa clandestina en Jojutla, Morelos, donde se exhumaron más de 60 cuerpos, entre ellos al menos 10 bebés, varias mujeres y restos óseos aún sin identificar.
Este descubrimiento pone en evidencia la grave crisis forense y de violencia que atraviesa el país.
Las excavaciones, encabezadas por colectivos de búsqueda, fueron interrumpidas por la Fiscalía de Morelos debido al riesgo de colapso de un muro debilitado por las lluvias provocadas por el huracán Erick. Sin embargo, el horror ya había salido a la luz.
Amalia Alejandra Hernández, familiar de una víctima, denunció múltiples irregularidades: restos de bebés registrados como “huesos dispersos”, bolsas que contenían más de un cuerpo y sin certeza sobre si pertenecen a una sola persona o si son resultado de actos violentos como amputaciones.
La gravedad del caso se intensifica por la falta de personal especializado: durante dos días no se contó con la presencia de la Guardia Nacional, clave para realizar pruebas genéticas. Además, no hay antropólogo físico ni arqueólogo profesional asignados por la Fiscalía, y las labores de campo están siendo realizadas por una arqueóloga sin cédula profesional.
“Tememos lo que podamos encontrar cuando se reanuden los trabajos… pero lo que ya hemos descubierto es profundamente perturbador”, expresó una de las activistas.
