Se han impugnado 26 candidaturas para ocupar cargos en el Poder Judicial debido a presuntas irregularidades
El Congreso de la Unión ha presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación contra 26 candidaturas judiciales, alegando diversas irregularidades que ponen en duda la idoneidad de los aspirantes.
Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, fueron quienes solicitaron formalmente al INE la cancelación de estos registros, argumentando que se busca preservar la imparcialidad y confianza en el proceso judicial, pese a que las candidaturas ya habían sido avaladas por los Comités de Evaluación de los tres poderes.
La impugnación se centra en tres categorías:
1. Falta de buena reputación:
Algunos postulantes tienen antecedentes relacionados con delincuencia organizada o están señalados por delitos como abuso sexual o mal uso de amparos. Entre ellos figuran Fernando Escamilla Villareal, Francisco Martín Hernández y Edgar Agustín Rodríguez.
2. Inelegibilidad e idoneidad cuestionable:
Este grupo incluye a candidatos con procesos legales en curso, como Arturo Morales Ramírez, acusado de vínculos con el crimen organizado, y María de Jesús López, quien defendió a un miembro del Cártel de Sinaloa.
3. Desempeño académico insuficiente:
Algunos aspirantes no cumplieron con los estándares académicos requeridos, con promedios por debajo de lo esperado. Entre ellos están Arturo Fernández Abundis y Elva Jiménez Castillo.
La impugnación ha generado controversia, especialmente porque fue el propio Congreso quien revisó inicialmente las listas de aspirantes. Esto ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso justo cuando se acerca la elección que renovará parte del Poder Judicial.
Los legisladores insisten en que la prioridad es asegurar que quienes administren justicia cuenten con la integridad y la reputación necesarias para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.
